¿Qué experiencia para gobernar?

Las elecciones locales están abriendo muchas cuestiones que hasta hace poco estaban cerradas y ocultas por una dinámica política e institucional opaca. Esto parece, a simple vista, una verdad evidente, pero se pone de manifiesto con especial crudeza en procesos municipalistas – la oleada de “Ganemos” que está abriéndose paso, con mayor o menor legitimidad a lo largo del estado – en los que, junto a militantes y organizaciones políticas, están trabajando muchos activistas locales que en muchos casos provienen de años de lucha de base, y por lo tanto llegan con una experiencia diferenciada respecto al clásico saber hacer de los partidos de izquierda con representación institucional.

En primer lugar, hay que celebrar que el llamado sector autónomo haya sido capaz de alargar el paso para llegar, desde sus posturas de acción directa, trabajo de base y cooperación, hasta la lucha política, porque las dinámicas de la participación en colectivos son un mecanismo de trabajo directo pero tienen el riesgo de incurrir en un aislamiento que sólo puede llevar a planteamientos políticos autorreferenciales. Es cierto que se pueden llegar a establecer lazos entre los distintos proyectos y que, en el mejor de los casos, pueden llegar a funcionar como vasos comunicantes. Pero también hay que reconocer que esos vasos comunicantes suelen ser sistemas cerrados, y desde esos sistemas cerrados es muy difícil, cuando no imposible, llegar a comunicarse con el conjunto de la sociedad. Esto había llevado a una situación en la que los entramados asociativos y vecinales se construían con pequeños éxitos y dinámicas que a veces eran impecables en lo social y en lo político, pero sólo llegaban a lo que podríamos llamar “micropolítica” del barrio. Mientras, la mayoría de la sociedad era ajena a sus luchas, vivía resignada a una política que se cerraba en lo institucional y no ofrecía ninguna brecha para el cambio.

La contraparte de este paso adelante del sector autónomo debe ser la generosidad – tantas veces citada – y también la inteligencia de las izquierdas alternativas, sus socios naturales en la creación de plataformas ciudadanas que disputen los gobiernos locales a los partidos mayoritarios. No hay que olvidar que esta disputa se va a enmarcar en un contexto mucho más grande, el de la disputa entre los partidos que vienen controlando la política española desde la transición y aquellos que pretenden renovarla. Si realmente se creen la necesidad de una renovación profunda, esta renovación debe configurarse a través de la ruptura con lo anterior. Como señala Emmanuel Rodríguez en las páginas de este mismo periódico, el referente clave es la transición, y “Cualquier proyecto de cambio político real tiene que considerar esta época si quiere atinar el tiro y modificar las bases culturales e institucionales del ordenamiento político”. Si queremos hacer otra política tendremos que salir de las dinámicas políticas – las relaciones, los conceptos, los aprendizajes – que se generaron en aquellos años. Esto significa, entre otras cosas: cortar con la política de Estado y poner en su lugar la política de comunidades y sectores sociales, para acabar con las esquizofrenia política según la cual podemos llegar a encontrarnos, y de hecho, nos encontramos a cada paso, con políticas que son nefastas para la inmensa mayoría de la población pero son innegociables para la estabilidad y el adecuado desarrollo del Estado. Pero una política “de la gente”, de las clases populares, no puede realizarse en el seno de organizaciones que han funcionado durante décadas bajo la dirección de las clases dominantes sin que se produzca una fuerte ruptura en las formas de hacer con las que se dirigen.

Si queremos atacar la Transición, o, para decirlo de forma menos polémica, si queremos atacar sus nefastos resultados, tenemos que empezar por poner en marcha nuevas conceptualizaciones de lo público. Una buena parte de ese objetivo será fácil y es que la única ventaja de los cuarenta años de derrotas de los proyectos alternativos es que la sociedad y sus instituciones están tan arrasadas que el primer programa de ruptura es fácil: recuperar derechos, reconstruir servicios, retejer las relaciones sociales destruidas por el asedio neoliberal. En realidad, basta con creerse buena parte de lo que está escrito en nuestro ordenamiento jurídico, empezando por el título de Derechos y Deberes de la Constitución, para comenzar a plantear una política completamente distinta. Pero no todo será tan fácil. Hay que hacer de otra forma para poder llegar a la guarida de la bestia y comportarse de otra forma. No es extraño que entre las cuestiones más discutidas en este periodo estén la revocabilidad de los cargos, las consignas neozapatistas o la nueva institucionalidad: lo complicado no es tanto saber qué queremos hacer como saber cómo vamos a hacerlo, como vamos a evitar las cooptaciones, las suplantaciones y las derivas institucionalistas que pervierten los proyectos emancipadores.

Con este panorama, cada vez que los partidos mayoritarios vuelven a provocar el miedo repitiendo las consignas del riesgo, el adanismo y la falta de experiencia de gobierno, los activistas y militantes que ahora asumen la representación de la alternativa en los proyectos antagonistas deberían frotarse las manos. Porque en último término, una buena parte de lo que nos jugamos es precisamente eso: sacar del gobierno a quienes solo tienen esa experiencia, la de gobernar como un provechoso oficio que se ejecuta al servicio de las clases dominantes herederas de la Transición. Y sustituirles por otros que no sólo son distintos por sus siglas, sino que son diferentes desde la forma en la que entran por la puerta de una oficina; de los que traen una experiencia de trabajo colectivo y cuidado mutuo, de democracia consensual, de necesidades compartidas y modestas; todo lo cual se construye no sin trabajo y tiempo, no sin experiencia, pero sí con otra experiencia. La construcción de los proyectos antagonistas que se han ido produciendo en el entramado social no carece de un aprendizaje; por el contrario, implica un conocimiento directo del medio en el que se desarrollan esos proyectos, y de las necesidades e intereses de las gentes que habitan los municipios, con sus complicaciones organizativas, sus tiempos y sus saberes. Lejos de la experiencia del coche oficial, se trata de llevar a los ayuntamientos este aprendizaje, el de la asociación de vecinos, de las manifestaciones y del grupo de base.